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24 de Marzo Da de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Nunca más

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada el 15 de diciembre de 1983 para  llevar adelante  la  investigación sobre  las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre los años 1976 y 1983. Estuvo  integrada por personalidades de diversos ámbitos de  la cultura,  la ciencia  y  la  religión,entre otros.

La CONADEP  tenía como misión  investigar,  recibir información  y  denuncias  sobre  las  desapariciones  de personas, secuestros y torturas que sucedieron durante el período de la dictadura, con el objetivo final de generar informes a partir de todos estos elementos reunidos. Así sucedió  y  la comisión entregó su documento  final al entonces presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) el 20 de septiembre de 1984. Luego, el informe sería editado en el libro Nunca Más, también conocidos con el nombre de Informe Sábato, dado que el reconocido escritor había  redactado parte de su contenido y  presidido la comisión investigadora.

¿Cuál es la historia de este informe? ¿Bajo qué condiciones políticas tuvo lugar? Luego de la derrota en la guerra  de Malvinas,  la  crisis  política  se  profundizó,  la dictadura ya no pudo recuperarse y se  fueron generando  las condiciones para un nuevo escenario  político,  en  el  que  distintas  organizaciones sociales y la Multipartidaria –el espacio que reunía a la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Intransigente, el Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo–  retomaron, aunque con distintos matices, la búsqueda de los desaparecidos.

Pero además, en ese mismo escenario surgió una demanda novedosa: el pedido de enjuiciamiento de los responsables políticos de  los crímenes de  lesa humanidad cometidos durante  la ultima dictadura. Un buen ejemplo  de  esta  demanda  se  vio  en  la multitudinaria «Marcha  por  la  vida»,  realizada  en  octubre  de  1982, que tenía como consigna central «juicio y castigo a los culpables».

Ante  la  creciente movilización  social  -incluso,  por parte  de  actores  que  antes  habían  sido  renuentes  a expresar  su apoyo a  todo  tipo de demandas que  reivindicara el cumplimiento estricto de los Derechos Humanos-, la dictadura respondió el 28 de abril de 1983 con un  informe conocido como «Documento final», en el que,  como  era previsible  según  el  título mismo del escrito,  la Junta Militar  interpretaba  la violencia estatal por ella misma  instrumentada como parte de una batalla  final  contra  la  subversión  y  el  terrorismo. En  ese mismo documento,  la Junta  también descalificaba  las denuncias por las desapariciones, daba por muertos a los desaparecidos y dejaba al criterio de Dios el  juicio final sobre su accionar en esos años.

Esta mirada sobre el pasado argentino asumió carácter jurídico con la ley 22.924, titulada «ley de Pacificación Nacional» y conocida como ley de autoamnistía (1) en la que se instaba a que el pasado «nunca más vuelva a repetirse» y en la que se pretendía justificar el conjunto  de  crímenes  cometidos  en  virtud  del  decreto  que, en  febrero del año 1975, habían  firmado  Isabel Perón e Ítalo Luder para avalar el Operativo Independencia, y en el que se instruía al Ejército a «aniquilar físicamente al enemigo subversivo».

Luego de su triunfo en las elecciones de octubre y apenas asumió su presidencia, en diciembre de 1983, Alfonsín tomó una serie de medidas importantes como la derogación de la ley de autoamnistía militar, el enjuiciamiento a siete jefes guerrilleros y a las tres primeras Juntas Militares y la que produjo más polémica: la reforma del Código de Justicia Militar, para que se conformara por su medio un Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que tendría la potestad de juzgar el accionar militar y las violaciones a los Derechos Humanos, dejando abierta la posibilidad de apelar en primera instancia a  la Cámara Federal. Dichas medidas se  inscribían en un análisis del accionar militar que pretendía diferenciar la responsabilidad jurídica, política y militar de los altos mandos, los que habían abusado de su autoridad para cometer todo tipo de «exceso» en los actos represivos y,  finalmente, quienes  habían  acatado  las  órdenes de represión siguiendo estrictamente el principio de obediencia.

Algunas  de  estas medidas  fueron  fuertemente  repudiadas,  tanto por  los organismos de Derechos Humanos  como  por  varios  partidos  políticos.  El  repudio central se  focalizaba en  la  idea de que  fueran  los propios militares  los que debían  juzgar el accionar de sus pares en el pasado: pocos actores confiaban en la imparcialidad de tal tribunal. Este rechazo crecía y tomaba fuerza –incluso entre los diversos partidos políticos y el propio partido radical– la idea que habían impulsado los organismos de Derechos Humanos: crear una comisión parlamentaria que  juzgara  los crímenes cometidos por la dictadura.

Pero Alfonsín no estaba de acuerdo con esta propuesta porque sostenía que, si se dejaba esta tarea en manos del Poder Legislativo, se generaría un clima político de alta tensión, que favorecería la adopción de condenas radicalizadas por parte de los parlamentarios. De algún modo, Alfonsín temía que, ante esas presumibles condenas, se produjera un enfrentamiento severo con las Fuerzas Armadas que pusiera en crisis la gobernabilidad política. En aras de esquivar esta alternativa, en los círculos cercanos a Alfonsín comenzó a tomar relevancia la idea de crear una comisión integrada por notables de la sociedad civil capaz de llevar a cabo las tareas de investigación.

En estas condiciones políticas surgió la CONADEP.  Si bien  varios organismos  rechazaron originalmente  la idea, muchos  familiares  y  testigos de  las desapariciones confiaron su testimonio a la comisión. Como hemos dicho,  la  investigación se materializó en el  libro Nunca Más, cuya información resultó sumamente valiosa para llevar a cabo, año después, la entrega del Informe y el Juicio a las Juntas.

Por varios motivos, el Nunca Más es uno de  los  libros más importantes que se han producido en nuestro país desde la reapertura democrática y aún de nuestro siglo XX. El impacto social del libro sigue siendo asombroso, hasta el año 2007, se habían vendidos 503.830 ejemplares y había sido traducido a varios idiomas.

¿En qué radica su importancia? En primer lugar, en que demuestra fehacientemente, contra la idea de que los crímenes cometidos por los militares argentinos habían obedecido  a  ciertos  «excesos», que  la dictadura ideó  un  «plan  de  carácter sistemático»  de  secuestro, tortura y desaparición de personas. En segundo lugar,

porque reúne un caudal de  información apreciable sobre  los crímenes cometidos contra  la humanidad que resultó  sumamente  valiosa  en  el  Juicio  a  las  Juntas, además que reforzaba, desde un punto de vista moral, la demanda de castigo a los culpables.

Asimismo,  el  informe  le  otorgó  mayor  legitimidad pública a la voz de los familiares y los militantes de los organismos de Derechos Humanos. La sola publicación de esa información atentaba contra uno de los propósitos centrales de  la  «política de desaparición»: borrar todas las huellas de los crímenes cometidos.

Por  todas estas  razones, el  libro es altamente  valorado socialmente. Pero su recepción ha ido variando con los años y su prólogo generó una serie de polémicas porque allí quedó expuesta una interpretación de la violencia política conocida como  la  «teoría de  los dos demonios»

Esta interpretación del pasado argentino que subyace en el prólogo originario del libro fue rebatida en el año 2006, cuando el Nunca Más se  reeditó con un anexo que  incluía un  listado más completo de  los desaparecidos y de los centros clandestinos de detención. En esta reedición, la línea argumentativa del prólogo se modificó y consistió en argumentar que la violencia estatal y la utilizada por las organizaciones populares no eran simétricas y, por  lo  tanto,  tampoco  igualmente  repudiables, a  tal punto que el lema Nunca Más, si bien suponía un legítimo reclamo por el cese del uso de la violencia política, no podía significar asimismo un repudio por las consignas  políticas  que  portaron muchos militantes  durante los años setenta, nucleados en dichas organizaciones.

A pesar de esta polémica, el Nunca Más siguió provocando  una  alta  identificación  en  nuestra  sociedad, como  lo prueba  el  hecho de que  el  título del  libro  se convirtió en una consigna utilizada en diversos tipos de manifestaciones públicas convocadas para pedir  justicia, no solamente cuando se  trata de hechos  relacionados  con  la dictadura  sino  también  cuando  se  trata de reclamos vinculados al respeto de los Derechos Humanos en general. La  imagen de Julio César Strassera, el Fiscal acusador del Juicio de 1985, finalizando su alegato con la expresión «Nunca Más» condensa como ninguna otra esta situación y este reclamo social.

Finalmente, dos anécdotas resumen el modo en que esta consigna ha logrado sedimentarse en amplios sectores de la población. Hacia el año 2004, un profesor de Educación Física escaló el Aconcagua para inscribir en el cerro esta frase y dejar allí una réplica de la portada de  la primera edición del  libro. En ese mismo año, un conjunto de  vecinos del barrio porteño de Agronomía guardó en una cápsula un ejemplar del libro, para que sea abierta dentro de cincuenta años. Ambos ejemplos, aunque parezcan anecdóticos, son  indicativos de que el Nunca Más es considerado como un libro muy valioso para los argentinos, que merece ser conservado a lolargo del tiempo (2)

(1)  La  ley  de  autoamnistía  declaraba  extinguidas  las  acciones  penales  derivadas  de  acciones subversivas o terroristas, y por extensión de las que surgieran de la lucha contra estas (es decir, las violaciones a los  Derechos Humanos).

(2)   Ambos ejemplos fueron tomados del libro de Emilio Crenzel, La historia política del Nunca Más, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008